Facilitamos espacios de diálogo multiactor para impulsar reformas sostenibles, tendiendo puentes entre legisladores, sociedad civil, academia y sector privado en temas clave para el desarrollo democrático.
Trabajamos en la construcción de consensos en temas críticos para el desarrollo democrático y el bienestar de las comunidades. Combinamos investigación, formación y articulación política para generar cambios sostenibles. Seleccioná un eje para conocer nuestro trabajo en profundidad.
Hacé clic en cada eje con contenido disponible para explorar iniciativas, logros e impacto.
Motor de cambio mediante políticas e intervenciones basadas en evidencia para erradicar la trata y proteger los derechos de las víctimas.
Promovemos transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas articulando actores en distintos niveles de gobierno.
Impulsamos el debate legislativo y marcos normativos para acelerar la transición energética sostenible en América Latina.
Facilitamos el diálogo intersectorial para mejorar los sistemas de salud y fortalecer políticas públicas orientadas al bienestar comunitario.
Promovemos marcos normativos responsables que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental y los derechos comunitarios.
Trabajamos por políticas alimentarias que garanticen el acceso a una nutrición de calidad y promuevan sistemas alimentarios sustentables.
Fortalecemos los vínculos entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo el desarrollo local y la participación activa en la toma de decisiones.
Articulamos actores para impulsar legislación climática ambiciosa y compromisos concretos que aceleren la adaptación y mitigación en la región.
Conocé los informes, publicaciones y proyectos que impulsan estas agendas en toda la región.
ContactanosDL trabaja para erradicar la trata de personas actuando como motor de cambio mediante políticas e intervenciones basadas en evidencia e innovación. Fomenta encuentros entre legisladores, autoridades y organizaciones sociales, coordinando esfuerzos con la sociedad civil para reforzar el marco normativo argentino.
Uno de nuestros logros fue la actualización de la Ley de Trata. En un contexto de fuerte conmoción pública por un fallo que absolvió a los acusados en un caso emblemático, desarrollamos una campaña que evidenció cómo la reforma que promovíamos habría cambiado ese veredicto. La fuerte presión social y política derivada de esta acción llevó al Poder Ejecutivo a convocar sesiones extraordinarias, lo que permitió que el Congreso aprobara una nueva ley con un enfoque más garantista y centrado en los derechos de las víctimas.
El trabajo de DL en esta agenda va más allá del Congreso. Facilita espacios de diálogo técnico-político con funcionarios del Ejecutivo y organizaciones especializadas. Además, involucra activamente a académicos, periodistas y referentes comunitarios, tanto en encuentros separados como en instancias conjuntas con legisladores, para nutrir el debate y promover enfoques más eficaces de prevención, sanción y asistencia a víctimas.
Como parte de esto, elaboramos recomendaciones para reglamentar la ley reformada, que se convirtieron en un insumo clave para un enfoque más integral y centrado en las víctimas.
Asimismo, en el marco de las reformas de 2012 desarrollamos proyectos orientados a potenciar la incidencia de organizaciones de la sociedad civil. Primero, ampliamos su participación en los debates del Senado, logrando que se incorporaran sus propuestas en el texto legal. Luego, en alianza con el Capítulo Argentino de la PIDHDD, coordinamos una plataforma de trabajo que reunió a 11 organizaciones, potenciando su capacidad de acción colectiva e influencia en el debate de la Cámara de Diputados — donde legisladores nacionales reconocieron nuestro aporte decisivo.
En el abordaje de este tema, seguimos una estrategia que combina investigación, formación y soporte técnico, junto con una colaboración constante entre múltiples actores y la ciudadanía. Hoy, continuamos impulsando esta agenda a nivel regional, consolidando redes de cooperación y desplegando iniciativas para expandir su impacto en otros países.
Directorio Legislativo es un actor clave en la promoción del Gobierno Abierto, tendiendo puentes entre distintos sectores para generar reformas sostenibles con impacto duradero. A nivel nacional, participó activamente en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto y se implementaron planes de acción ambiciosos y procesos de co-creación multiactor. Paralelamente, facilitó la federalización de esta agenda mediante una estrategia que acompañó a provincias como Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones en el diseño e implementación de compromisos sólidos en apertura.
Este enfoque integral, que abarca tanto al poder legislativo como al ejecutivo, también se proyecta en el plano internacional. En alianza con la Open Government Partnership (OGP), hemos liderado la renovación de su estrategia global de participación parlamentaria, integrando los congresos al modelo de Gobierno Abierto y reforzando su papel en una toma de decisiones más transparente. Además, durante la copresidencia de OGP ejercida por nuestra directora ejecutiva global, María Baron — posteriormente elegida como presidenta —, condujimos el Call to Action de 2021, impulsando avances en transparencia en países tan diversos como Indonesia, Francia y Kenia.
Estas iniciativas se apoyan en un largo recorrido promoviendo la apertura legislativa. En 2012, lideramos la elaboración de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, que fue traducida a 24 idiomas con el objetivo de presentarla en reuniones y conferencias en todo el mundo. Gracias a esta difusión, obtuvo el respaldo de más de 75 organizaciones en más de 50 países.
DL organiza eventos y debates estratégicos para fomentar el interés en la transparencia y la participación ciudadana. Esto nos ha permitido consolidar planes de Parlamento Abierto alineados con OGP a nivel nacional, además de diversas iniciativas complementarias fuera de Argentina. Entre ellas, destaca nuestro trabajo sostenido en Costa Rica, colaborando con distintos sectores para materializar su primera Política de Parlamento Abierto. Asimismo, co-creamos la Red Argentina de Parlamento Abierto, un esfuerzo colectivo orientado a acercar el Congreso a la ciudadanía y garantizar un acceso más abierto y dinámico a la información legislativa.
La estrategia también se afianzó a nivel subnacional a lo largo del país. En Córdoba, por ejemplo, se promovieron mecanismos de participación ciudadana adaptados al contexto local. En Santa Fe, en cambio, desarrollamos proyectos innovadores con foco en transparencia presupuestaria y participación ciudadana. Con ello, se estrecharon los lazos entre representantes y ciudadanía, creando mayor confianza en las instituciones y revitalizando el proceso democrático.
Además, cofundamos el Open Parliament e-Network, una red global en la que participamos activamente. En el marco de esta iniciativa, llevamos adelante un proyecto pionero, apoyado por el Banco Mundial, que documentó experiencias parlamentarias en el contexto de la OGP en México, Túnez y Kirguistán, culminando en una guía de referencia para fortalecer la co-creación entre congresos y sociedad civil. La red también ha sido clave para promover encuentros internacionales y abrir espacios en foros globales, ampliando el alcance del parlamento abierto y movilizando a nuevos adherentes en todo el mundo.
El resultado de este recorrido se refleja en diversas reformas, herramientas innovadoras y una cultura sólida de vinculación entre instituciones y ciudadanía. Desde una visión integral del Gobierno Abierto — federal, parlamentaria e inclusiva — contribuimos al fortalecimiento de un modelo de gestión más transparente, responsable y orientado al diálogo entre Estado y sociedad.
Impulsar el desarrollo de las energías renovables en Argentina no solo ha sido una cuestión técnica para DL, sino también una apuesta política por el consenso y el trabajo conjunto. Desde 2010, hemos asumido un rol articulador a través de la Alianza por las Energías Renovables en Argentina (AERA), conformada por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Fundación Avina y Fundación Directorio Legislativo. Esta coalición multisectorial reúne a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y empresas privadas. Esta red, destacada en medios como La Nación por su enfoque colaborativo, se ha convertido en un punto de encuentro para la construcción colectiva, impulsando el desarrollo de una matriz energética más moderna y accesible.
Uno de los primeros hitos fue la participación activa de AERA en la elaboración de una propuesta de reforma legislativa cuyas recomendaciones quedaron plasmadas en la Ley 27.191 (2015), que fortaleció los incentivos a las renovables. Ese impulso también se vio reforzado por otros aportes, como el informe "Energías Renovables: ¿Por qué debería ser prioritario cumplir el objetivo del 8% al 2016?", que expuso los riesgos de un modelo energético aún ampliamente dependiente de los combustibles fósiles. Además de presentar un diagnóstico, el informe delineó una serie de acciones concretas, incluyendo el fomento de la generación distribuida y la facilitación de la integración de energías limpias en el sistema eléctrico nacional.
Asimismo, pusimos en marcha espacios de coordinación para destrabar cuellos de botella y movilizar voluntades. Esto se reflejó con fuerza en el Foro de Energías Renovables — impulsado por AERA y liderado por DL — que atrajo nuevas voces al debate sobre la reglamentación de la Ley de 2015. El evento permitió alinear y canalizar los diferentes intereses en avances decisivos hacia su implementación ese mismo año.
El esfuerzo sostenido y colaborativo resultó fundamental para sancionar una nueva ley en 2017 para la implementación del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida tras la reforma de la ley de 2015. Esta normativa permitió a los usuarios no solo producir su propia energía, sino también volcar los excedentes a la red, consolidando así un enfoque energético más descentralizado y resiliente.
En síntesis, la experiencia de DL en energías renovables se mide tanto por las leyes alcanzadas como por nuestra capacidad de articular voces diversas, construir consensos y convertir el conocimiento técnico en políticas transformadoras.
DL se ha consolidado como un nexo entre los actores centrales en la lucha contra el cáncer, promoviendo soluciones que fortalecen el sistema de salud y generan avances sustanciales en las políticas públicas. Lo hacemos mediante una estrategia que integra la producción de conocimiento, el fortalecimiento de organizaciones de pacientes y la articulación con especialistas, autoridades y sociedad civil para impulsar enfoques basados en consenso.
Uno de los primeros avances fue el estudio Cómo navegar el sistema de salud para el paciente oncológico (2018–2019). Con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esta investigación incluyó 18 encuentros con líderes de ONG y dio lugar a la creación de CáncerGuía, una plataforma digital que centraliza información clave para orientar a los pacientes en su acceso a tratamientos.
Incluso antes de ese proyecto participamos en diversas iniciativas impactantes, como la alianza con la Coalición Cáncer Argentina en 2015. Luego profundizamos nuestro compromiso a través de propuestas como Acción x Cáncer (2019, en alianza con CAEME y la Academia Nacional de Medicina) y desarrollamos materiales de apoyo junto a organizaciones de expertos. Además, establecimos acuerdos con organizaciones de trasplantes y respaldamos estrategias de incidencia, como la impulsada en 2021 con FAME para incluir la atrofia muscular espinal (AME) en la pesquisa neonatal; y articulamos con grupos vinculados a trasplantes entre 2017 y 2018 para optimizar su capacidad de respuesta.
Este recorrido nos llevó también a desarrollar campañas propias de incidencia, como #DetectemosLoDemás (2020), lanzada el 19 de octubre — Día Internacional de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. La iniciativa visibilizó las barreras al diagnóstico oportuno y empoderó a la ciudadanía en la planificación de soluciones.
En paralelo, sostuvimos una línea de investigación rigurosa. En 2020, publicamos la primera parte del informe "¿Cuánto invierte Argentina en políticas contra el cáncer y cómo?", analizando programas nacionales y el gasto público en oncología. Al año siguiente, ampliamos ese estudio enfocándonos en el acceso al tratamiento y la producción de datos, además de lanzar otro análisis sobre las barreras de género en el acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Este trabajo continuó sin pausa en 2022, con un nuevo informe sobre desigualdades territoriales que abordó el impacto de la cobertura médica y la ubicación geográfica. También lideramos la iniciativa Factores de Éxito para una Política Integral de Control del Cáncer en Argentina, que exploró el rol de las coaliciones defensoras en el diseño de políticas públicas para el cáncer.
Actualmente, lideramos una investigación comparada sobre innovación en el financiamiento del cáncer en varios países, enfocada en encontrar soluciones al creciente desafío de costear medicamentos de alto costo.
El trabajo en red y la creación de recursos innovadores han sido fundamentales para coordinar intereses y respaldar decisiones basadas en evidencia. En este contexto, formamos parte de una coalición multisectorial vinculada al Plan Nacional de Control del Cáncer y ampliamos nuestra participación regional con la Iniciativa Integrada para el Control del Cáncer en América Latina (2019). También desarrollamos herramientas como podcasts, materiales gráficos y una guía para medios que fomenta una cobertura rigurosa y responsable del tema.
Así, apostamos a soluciones sostenibles que, basadas en evidencia y construidas en alianza, amplíen el acceso y mejoren la equidad en salud.
Para avanzar hacia una minería más transparente, inclusiva y sostenible, DL coordina espacios de articulación entre representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, ha desarrollado esta labor a través de la Plataforma Argentina de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable y del Grupo de Diálogo Latinoamericano — al que se integró la plataforma nacional —, compartiendo avances y aprendizajes entre países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Panamá.
En 2017, fruto de más de cinco años de esfuerzos sostenidos, DL logró, junto a otros actores, que Argentina se sumara a EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas). Este hito fue posible gracias a una intensa agenda de encuentros, eventos públicos y presentaciones orientadas a sensibilizar y convencer al gobierno sobre la importancia de la iniciativa. También fue decisiva nuestra participación en un estudio previo sobre la transparencia en la industria extractiva, respaldado por el Banco Mundial y cuyos hallazgos resultaron determinantes para avanzar en esa dirección.
La adhesión de Argentina a EITI marcó un punto de partida que nos impulsó a redoblar esfuerzos para consolidar el proceso institucional para su implementación, garantizar una asignación eficiente y transparente de recursos públicos, y fortalecer un espacio de diálogo multisectorial robusto y activo. Como resultado, se creó el Grupo Multipartícipe de EITI en Argentina – del cual formamos parte –, un foro plural desde el que seguimos monitoreando y promoviendo buenas prácticas en la gobernanza de la industria extractiva.
Asimismo, promovimos la implementación de EITI a nivel subnacional, colaborando con gobiernos provinciales para fomentar la adopción de estándares de transparencia y reforzar la articulación entre sectores. Este trabajo aportó al impulso político que derivó en la firma de una Carta Compromiso por parte de cinco provincias —Catamarca, Salta, Santa Cruz, San Juan y Río Negro—, un paso significativo hacia una gobernanza extractiva más abierta y responsable.
Además, en alianza con el Secretariado de EITI en Noruega y el FMI, hemos desarrollado Joining the Dots, un proyecto premiado que analiza datos públicos para detectar señales de alerta en los sectores extractivos de Colombia y Nigeria. Mediante un análisis riguroso y la colaboración estrecha con medios y organizaciones sociales, logramos visibilizar patrones que apuntan a posibles casos de corrupción sistémica:
Estas innovaciones, reconocidas internacionalmente, fueron presentadas en los Global Summits de EITI en París y Senegal, donde expusimos soluciones tecnológicas aplicadas a la transparencia. Al igual que en nuestros trabajos previos en minería, esta iniciativa se apoya en un enfoque multiactor y colaborativo orientado a construir una industria más responsable y alineada con un desarrollo sostenible para el país.
DL ha sido un motor clave en la transformación de políticas de alimentación saludable en Argentina, apostando por el consenso como herramienta para el cambio. Nuestro trabajo ha puesto en el centro del debate la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia, priorizando la salud de la población sobre intereses comerciales, especialmente en lo que respecta a la infancia y los sectores más vulnerables.
A través de investigaciones, foros y alianzas estratégicas, hemos logrado posicionar la alimentación saludable como un tema central en el debate legislativo y en la conversación pública.
Un hito destacado fue la organización del Primer Encuentro sobre Alimentación Saludable en 2016, un foro multisectorial que reunió a funcionarios públicos, especialistas en nutrición, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la industria alimentaria. Allí se debatieron temas estratégicos como la educación alimentaria en las escuelas, la creación de entornos escolares saludables, el acceso universal al agua potable y la urgencia de contar con regulaciones específicas para mejorar la calidad de los alimentos disponibles.
Ese mismo año, el Ministerio de Salud publicó la actualización de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (2016), incorporando recomendaciones clave para una alimentación equilibrada y saludable. Estas guías, enriquecidas por los acuerdos y aportes surgidos en el Primer Encuentro, sirvieron de base para políticas públicas y educación nutricional, promoviendo hábitos alimentarios más accesibles y sostenibles, adaptados a los desafíos actuales en salud y producción de alimentos.
Asimismo, impulsamos jornadas en el Congreso de la Nación, como las realizadas en 2016 así como en 2017, trabajando junto a la Cámara de Diputados, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estos espacios no solo sirvieron para visibilizar la magnitud del problema del sobrepeso y la mala alimentación, sino también para articular propuestas legislativas concretas. En ellos se discutieron normas sobre alimentos procesados, el incremento del sobrepeso, así como la importancia de medidas más rigurosas para garantizar una mejor calidad en la oferta alimentaria.
Este trabajo sostenido a lo largo del tiempo ayudó a construir consensos entre distintos sectores y terminó impulsando el desarrollo de regulaciones determinantes, entre ellas la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (2021), que establece normas sobre el etiquetado frontal y la publicidad de alimentos para combatir la obesidad infantil.
DL sirve de puente entre comunidades afectadas por industrias extractivas, gobiernos locales y empresas. En provincias como Salta, Catamarca, Jujuy, Neuquén y Río Negro, ha impulsado un modelo de gestión más justo y representativo de los recursos naturales, transformando escenarios de tensión en espacios de colaboración.
Lo ha hecho a través de foros, mesas de trabajo y ciclos de formación diseñados junto a referentes locales, para que comunidades tradicionalmente silenciadas participen en las decisiones que les conciernen. También ha brindado herramientas de negociación y diálogo, y ha respaldado diez iniciativas de desarrollo con enfoque territorial, generando sinergias entre organizaciones de base, instituciones públicas y actores del sector privado.
Cinco viajes de vinculación propiciaron el encuentro directo entre líderes sociales y otras partes, sembrando un clima de diálogo y confianza mutua que abrió paso a soluciones consensuadas. También elaboramos materiales didácticos adaptados a cada contexto, con lenguaje claro y recursos visuales, y publicamos el Manual de participación en industrias extractivas, con especial enfoque en mujeres y grupos subrepresentados.
Desde su lanzamiento, VOCES formó y movilizó a más de 50 líderes comunitarios en zonas mineras clave, dando lugar a compromisos concretos y una participación sustancial y sostenida en el tiempo. El programa ganó reconocimiento institucional: el Senado de Salta lo declaró de interés provincial y presentó un proyecto de resolución para respaldarlo formalmente. Estos gestos, junto con otras respuestas políticas surgidas del trabajo territorial, muestran cómo la construcción de consensos desde el territorio puede escalar y dejar huella más allá del ámbito local.
VOCES se apoya en aprendizajes acumulados en iniciativas anteriores de DL. Entre ellas destaca ALIAR (Aprendizaje y Liderazgo para la Incidencia en Argentina), que ha ampliado la capacidad de intervención ciudadana en la formulación de políticas públicas en Jujuy, Salta y Formosa. De ese proceso ha surgido una guía, ampliamente difundida, sobre la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas, promoviendo la influencia de actores no gubernamentales en la agenda pública.
Ante la expansión del litio, el cobre y el petróleo no convencional en regiones como el Norte Grande y Vaca Muerta, VOCES ha fortalecido el involucramiento comunitario en decisiones clave. De esta manera, DL no solo crea instancias de relacionamiento sino que también facilita que estos vínculos se transformen en medidas justas y necesarias para la gente local — sobre temas como agua, suelo, empleo, compensaciones e infraestructura — abriendo paso a modelos de gestión sostenible con mayor representación e influencia comunitaria.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y enfrentarlo requiere más que soluciones técnicas: demanda decisión política, articulación sostenida y la capacidad de generar consensos entre actores diversos. Desde sus inicios, DL ha sido un catalizador de ideas y colaboración, construyendo una agenda climática ambiciosa, basada en evidencia y abierta a múltiples perspectivas.
El compromiso de DL con la acción climática se refleja en la Alianza para la Acción Climática Argentina, así como en un portafolio de proyectos de alto impacto que se remontan a 2011. Ese año, co-lideramos el proyecto Fortalecimiento de Actores No Estatales en Políticas Ambientales, que empoderó a ONGs, desarrolló un diagnóstico participativo de desafíos ambientales y fortaleció estrategias de incidencia conjunta.
Unos años después, DL desempeñó un rol protagónico en la creación del Capítulo Argentino de Globe International, acercando el debate climático al Congreso y facilitando el diálogo entre legisladores argentinos y sus pares de la región. Este trabajo fue decisivo para posicionar el cambio climático como una prioridad legislativa, colaborando con referentes como Juan Carlos Villalonga (Argentina), Alejandro Encinas (México) y otros líderes comprometidos con esta agenda.
A través de Globe y otras iniciativas clave, como nuestra participación en las Mesas Ampliadas del Gabinete Nacional de Cambio Climático, contribuimos al avance de reformas significativas en el país. Entre ellas, la Ley 27.520 (2019), el primer marco normativo integral de Argentina para la adaptación y mitigación del cambio climático.
En paralelo, fomentamos la integración entre la política ambiental y la apertura institucional, facilitando la incorporación de metas climáticas en los Planes de Acción de Gobierno Abierto, reconocidos por OGP como un avance significativo. Además, lideramos un proyecto global que desarrolló un curso en línea, aprovechando los temas ambientales como un eje estratégico para generar interés en reformas de apertura. Al mismo tiempo, desde su rol en OGP, María Baron se ha consolidado como una voz clave en esta convergencia, promoviendo compromisos climáticos más ambiciosos y fortaleciendo el papel de la sociedad civil.
Entre nuestras iniciativas más recientes destaca el Monitor Legislativo Ambiental, una plataforma lanzada en 2021 junto a LA NACIÓN y otras ONG. Su objetivo es seguir en tiempo real el avance de iniciativas ambientales y fomentar el diálogo entre actores diversos. También publicamos el informe Acuerdo de Escazú: participación ciudadana en asuntos ambientales y el rol del poder legislativo (2023), que analiza cómo los parlamentos pueden acelerar su implementación en Argentina y Costa Rica.
En suma, DL ha logrado articular saber técnico, experiencia parlamentaria y compromiso ciudadano para incidir en políticas públicas que respondan con seriedad a la crisis climática. Así, hemos contribuido a construir marcos normativos más sólidos, impulsar reformas duraderas y consolidar una red amplia y plural de actores comprometidos con una transición justa, inclusiva y sostenible.